Washington – En múltiples reuniones esta semana en el Congreso, representantes de la Coalición del Sector Privado han exhortado a los legisladores federales a presionar con fuerza a oficinas del Ejecutivo federal para que se acelere el desembolso de los fondos para la reconstrucción de Puerto Rico, que darán un impulso significativo a la economía de la Isla.
“Esos fondos serán una inyección de capital para las empresas locales”, indicó hoy Lilliana Cubano, presidenta de la Asociación de Productos de Puerto Rico, acompañada del presidente de la Cámara de Comercio, José Ledesma, y el coordinador de la Coalición, Francisco Montalvo.
En los encuentros también estuvo el presidente de la Asociación de Constructores, Emilio Colón Zavala.
Aunque el Congreso y el Ejecutivo federal han asignado a Puerto Rico cerca de $49,000 millones para asistir con la recuperación y reconstrucción de la Isla, tras los daños causados por el huracán María, el desembolso de los fondos a través del Departamento de la Vivienda federal (HUD) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha sido muy lento.
De los cerca de $20,250 millones asignados por medio del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR), HUD solo ha autorizado que el gobierno de Puerto Rico disponga de $1,500 millones. La falta de normas federales claras sobre el uso de los fondos CDBG-DR, ha impactado negativamente el proceso, según Ledesma.
Mientras, FEMA ha tenido que extender las negociaciones con el gobierno de Puerto Rico en torno a los proyectos de reconstrucción de infraestructura pública, pues solo lograron acordar a tiempo – la fecha límite era el 11 de octubre -, una ínfima parte de las iniciativas, que se financiaran a través de la sección 428 de la ley Stafford.
“Es obligación del Congreso supervisar y fiscalizar los programas y los fondos que están proveyendo. No podemos seguir esperando”, agregó Ledesma.
En el Congreso, los representantes del sector privado se reunieron con demócratas como el portavoz de la minoría del Senado, Charles Schummer (Nueva York), el senador Cory Booker (Nueva Jersey) y los congresistas boricuas José Serrano (Nueva York) y Darren Soto (Florida), entre otros.
También verían a los republicanos Mario Díaz Balart (Florida) y Don Young (Alaska), y a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.
La Coalición del Sector Privado, por otro lado, llevóal secretario adjunto de Energía para la Oficina de Electricidad, Bruce Walker, sus preocupaciones sobre el acuerdo preliminar para la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, que consideran provocará un aumento de más de 4 centavos por hora kilovatio a corto plazo. También pudieron intercambiar información sobre las recomendaciones que ofrece el Departamento de Energía federal para la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico.
“Es una de las áreas que el sector privado está muy interesado”, afirmó Montalvo, quien comentó, además, que en las reuniones expresaron que, pese a los problemas de credibilidad del gobierno de Puerto Rico, es importante que el gobierno federal no perciba a la Isla como una jurisdicción en que impera la corrupción.
Los representantes de la Coalición también tuvieron una reunión con Gary Grippo, subsecretario adjunto para Financiamiento Público del Departamento del Tesoro.
Aunque con alguna reticencia a dar detalles, los portavoces del sector privado dijeron que Grippo no les habló sobre la advertencia que el Departamento del Tesoro le dio en septiembre a la gobernadora Wanda Vázquez Garced de que quisiera que el gobierno de Puerto Rico buscara alternativas al crédito federal que otorga a las empresas foráneas por el arbitrio de 4% que se impone localmente a esas compañías, que le dejan al erario puertorriqueño unos $2,000 millones anuales.
Al ser cuestionados por qué no trajeron ellos el asunto, ante la importancia de ese debate, el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico sostuvo que pueden “reaccionar al tema” y advertirles de la importancia que tiene el crédito para las recaudaciones del gobierno de la Isla, pero no es algo sobre el que “nosotros podemos exigir nada”.
