La Administración de Donald Trump ha identificado a 425 ciudadanos naturalizados a quienes busca retirarles la ciudadanía estadounidense, en lo que sería la primera ola de este tipo de procesos impulsados por el Departamento de Justicia. La medida, que ya avanza con la asignación de casos a 39 fiscalías federales, abre un nuevo capítulo en la política migratoria del país y reaviva el debate sobre los derechos de quienes obtuvieron la nacionalidad por naturalización.
Según el reporte, el Gobierno pretende llevar estos casos a los tribunales en los próximos meses, aunque los motivos específicos de cada proceso no han sido detallados.
¿El gobierno estadounidense qué hace para retirarle la ciudadanía a personas?
La desnaturalización, que es la figura legal mediante la cual se revoca la ciudadanía, solo puede aplicarse a personas que no nacieron en Estados Unidos y que habrían obtenido la nacionalidad de manera irregular o bajo condiciones que la ley considera inválidas.
Son varios los requisitos que facilitan el acceso a Estados Unidos. Foto:iStock
En términos legales, el Estado puede solicitar la revocatoria de la ciudadanía si demuestra que esta fue obtenida de forma fraudulenta, por ejemplo, mediante matrimonios simulados, ocultamiento de información relevante o la comisión de delitos graves.
¿El proceso es rápido y fácil?
No es un procedimiento automático, por el contrario, requiere una decisión judicial y de la presentación de unas pruebas de sustentación. El propio Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos establece que debe existir “evidencia clara, convincente e inequívoca” para que un juez falle a favor del Gobierno.
Este estándar responde al peso que tiene la ciudadanía en el sistema jurídico estadounidense. La 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege a quienes nacen en el país, garantizando que no se les pueda retirar su nacionalidad en contra de su voluntad. En cuanto a los ciudadanos naturalizados, la ley dice que sí pueden enfrentar procesos de desnaturalización, lo que introduce una diferencia clave en términos de estabilidad jurídica.
El proceso de naturalización en Estados Unidos es bastante riguroso. Los solicitantes deben cumplir requisitos por cinco años de residencia legal, o tres en caso de matrimonio con un ciudadano estadounidense. También deben aprobar exámenes de inglés y educación cívica, y someterse a verificaciones exhaustivas de antecedentes, incluyendo datos biométricos y preguntas sobre afiliaciones políticas o actividades pasadas.
¿Por qué motivos se empieza la desnaturalización?
Entre las principales causales están la falsificación u ocultamiento de información durante el proceso, la negativa a testificar ante el Congreso en investigaciones sobre actividades subversivas, la participación en delitos como terrorismo o pertenencia a organizaciones criminales, y la baja deshonrosa en el caso de quienes obtuvieron la ciudadanía a través del servicio militar.
Puente internacional Eagle Pass 1 en la frontera entre Estados Unidos y México Foto:AFP
¿Qué puedem hacer las personas para defenderse?
El procedimiento se desarrolla en tribunales federales y sigue las reglas de los casos civiles. Una vez presentada la denuncia, la persona tiene 60 días para responder y puede defenderse con asistencia legal. Si el juez determina que se cumplen las condiciones para la desnaturalización, la persona pierde la ciudadanía y puede quedar sujeta a procesos de deportación. En algunos casos, incluso los hijos que obtuvieron la nacionalidad derivada del estatus de sus padres pueden verse afectados.
Existen, además, dos vías legales para estos procesos: una civil, basada en la obtención ilegal o fraudulenta de la ciudadanía (según la ley 8 USC 1451), y una penal, que exige demostrar más allá de toda duda razonable que la persona obtuvo la naturalización de manera ilícita (ley 18 USC 1425). En ambos casos, el Gobierno debe probar que el solicitante no cumplía con requisitos esenciales, como la residencia continua o el “buen carácter moral”, un criterio amplio que puede incluir desde delitos hasta declaraciones falsas en procesos migratorios.
¿Es la primera vez que el gobierno hace esto?
Según lo que dice El Brennan Center for Justice, un instituto de derecho y política no partidista, con sede en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU), Durante el siglo XX, más de 22.000 personas fueron desnaturalizadas en Estados Unidos, muchas veces por razones políticas, raciales o ideológicas. Casos como el de Emma Goldman evidenciaron el uso expansivo de estas leyes, lo que llevó posteriormente a la Corte Suprema a imponer límites estrictos.
La conocida anarquista Emma Goldman fue objeto de los numerosos intentos de la administración del presidente Theodore Roosevelt, que al final logró desnaturalizarla y deportarla a Rusia en 1919. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno del presidente Woodrow Wilson comenzó a desnaturalizar a personas ciudadanas nacidas en Alemania y Asia, además de anarquistas y personas que se oponían a la guerra. El presidente Franklin Roosevelt duplicó estos esfuerzos durante la Segunda Guerra Mundial y agregó a la lista a presuntos simpatizantes nazis.
Son varios los requisitos que facilitan el acceso a Estados Unidos. Foto:iStock
Desde entonces, la jurisprudencia ha reforzado la idea de que la ciudadanía es un derecho fundamental. En fallos como Schneiderman v. United States (1943), el alto tribunal estableció que retirarla es una medida más grave que imponer sanciones económicas o penales, y advirtió sobre los riesgos de usar la desnaturalización para restringir libertades como la expresión o la asociación.
En las últimas décadas, los casos han sido poco frecuentes. Entre 1990 y 2017, el promedio fue de 11 por año, generalmente relacionados con la ocultación de crímenes graves o violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el nuevo impulso de la Administración Trump podría marcar un cambio en la escala y el enfoque de estos procesos.
El contexto también es relevante. De los 46,2 millones de inmigrantes que vivían en Estados Unidos en 2022, 24,5 millones eran ciudadanos naturalizados, lo que representa más de la mitad de la población migrante. En ese escenario, la posibilidad de revocar la ciudadanía plantea interrogantes sobre la seguridad jurídica de este grupo y sobre si existen diferencias sustanciales entre ciudadanos por nacimiento y por naturalización.
Para quienes puedan verse afectados, la recomendación principal es buscar asesoría legal especializada. Dado que estos procesos son complejos y pueden derivar en deportación, contar con defensa jurídica es clave para garantizar el debido proceso.
La discusión, en todo caso, trasciende lo jurídico. Más allá de los casos individuales, la ofensiva de desnaturalización reabre preguntas de fondo sobre ciudadanía, pertenencia y derechos en Estados Unidos, en un momento en que la política migratoria vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.
