Washington, D.C. – La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, considera que a corto plazo las oportunidades para que en Puerto Rico se incremente la producción manufacturera se darán por medio de la Ley de Producción de Defensa.
En medio de la emergencia que genera el coronavirus y ante las presiones de los gobernadores estadounidenses, el presidente Donald Trump acaba de invocar ese estatuto para ordenar a General Motors manufacturar ventiladores.
“Por ahí – por medio de la ley de Producción de Defensa- es que vamos a lograr, junto con otros incentivos, el traer mayor producción a Puerto Rico no solamente en medicamentos sino en manufactura”, indicó González, en una entrevista.
Afirmó que hacia eso están encaminadas las conversaciones que ha tenido con la Casa Blanca y el Congreso.
En una declaración conjunta con la gobernadora Wanda Vázquez Garced y González y en momentos en que el gobierno de Puerto Rico toma sus propias medidas, el coordinador de la Casa Blanca para la Reconstrucción de la isla, Peter Brown, afirmó el viernes que consultan “con los líderes farmacéuticos locales en Puerto Rico para abordar la escasez médica actual y las preocupaciones de seguridad de la cadena de suministro a largo plazo”.
A principios de mes, un editorial del periódico New York Post propuso revivir un incentivo como la antigua sección 936 del Código de Rentas Internas federal, como parte de un esfuerzo para traer a territorio estadounidense la manufactura de productos farmacéuticos que ahora se hacen en China.
Hace unos días, el congresista republicano Chip Roy (Texas) anunció que presentará legislación para incentivar más la producción farmacéutica en Puerto Rico, con una referencia directa a revivir beneficios tributarios en los territorios como los que ofreció la antigua sección 936 del Código de Rentas Internas federal.
Mientras, la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático acogió una propuesta del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente en Washington, para solicitar al Congreso una reducción en el impuesto federal de cerca de 13.1% sobre la propiedad intelectual de las Corporaciones de Control Foráneo (CFC), que beneficie a Puerto Rico.
Hasta la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares a la gobernación, el Ejecutivo de Puerto Rico proponía una medida similar a la que sugiere Acevedo Vilá, pero de carácter temporal.
Esta semana, la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado de Puerto Rico logró aprobar una resolución que rechaza “cualquier legislación, programa o respuesta federal que, a expensas del trato igual y poder político que reclama la mayoría de los puertorriqueños, conceda tratos y beneficios contributivos especiales y distintos a las empresas de manufactura que operen en Puerto Rico que dependan de la continuación del estatus de territorio no incorporado”.
“Esta Asamblea Legislativa no apoya la creación de un paraíso fiscal federal, en beneficio de los grandes intereses en detrimento de la igualdad para todos los puertorriqueños”, agrega la resolución concurrente enviada a la Cámara baja. La medida expresa apoyo solo a las iniciativas que impulse la comisionada González.
El presidente de la Alianza Privada para el Desarrollo Económico de Puerto Rico, Rodrigo Masses, solicitó a la Cámara baja rechazar la resolución del Senado, y expresó preocupación porque los esfuerzos en atraer empresas manufactureras a la isla se empantanen en una lucha ente “rojos y azules”.
La comisionada González considera que la resolución lo que hace “es endosar el trabajo que estoy realizando” y exhortó a Masses a releerla.
“Lo importante para la isla es cómo utilizamos los mecanismos federales y los recursos para impulsar la generación de empleos y la economía”, sostuvo.
La comisionada González ha propuesto al Congreso crear un crédito contributivo federal por salarios, inversión de capital, y compras locales en zonas afligidas económicamente con un nivel de pobreza de por lo menos 35%, lo que beneficiaría a la isla.
Ha descartado que avance una medida similar a la antigua 936.
Para la comisionada González, el PPD busca un aliado en el congresista republicano Roy, su compañero de caucus, pero a quien criticó por haber querido frenar el proyecto de estímulo económico que la Cámara baja aprobó el viernes y el presidente Donald Trump firmó para atender la emergencia del coronavirus.
“Algunos aliados que busca el PPD, algunas veces no son los mejores aliados para Puerto Rico”, dijo González.
No se conoce que haya conversaciones entre el PPD y el congresista Roy. Pero, fuentes vinculan a Roy con un empresario de la ley 22, un estatuto aprobado por el gobierno de Luis Fortuño que solo puede existir bajo el status de territorio no incorporado y otorga beneficios tributarios a inversionistas que se radican en Puerto Rico.
