Washington – El secretario del Departamento de Vivienda federal (HUD), Ben Carson, suscribió hoy, viernes, el acuerdo de subvención para los próximos $8,221 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) que puede recibir Puerto Rico, con el propósito de atender los daños causados por el huracán María.
Un portavoz de HUD anunció la firma del acuerdo, que permitirá al gobierno de la Isla acceder de inmediato a $1,700 millones.
“Ahora que el acuerdo de subvención está completamente ejecutado (firma del concesionario más la firma de HUD), el concesionario puede comenzar a comprometer de inmediato los fondos», sostuvo el portavoz de HUD.
La gobernadora Wanda Vázquez Garced había aceptado y suscrito el acuerdo desde el pasado 3 de febrero, que incluye nuevas restricciones y controles.
Los $1,700 millones que se le harán disponibles al gobierno de Puerto Rico se sumarán a los $1,507 millones que el gobierno de Puerto Rico ha podido desembolsar desde hace un año, pero de los cuales solo había utilizado, según HUD, solo $15.2 millones, hasta el pasado 31 de enero.
Carson anunció el pasado 16 de enero que enviaría el acuerdo de subvención al gobierno de Puerto Rico después de nombrar al abogado Robert Couch como monitor financiero federal e imponer nuevos controles tanto para esos $8,221 millones y otros $8,285 millones que estarán destinados a proyectos de mitigación y que aún requieren de un plan de acción.
El presidente Donald Trump también nombró hace unos días al contralmirante Peter Brown como su representante especial para la reconstrucción de Puerto Rico.
“Ahora que existen los controles financieros adecuados, la implementación de la segunda fase del programa de recuperación de desastres de Puerto Rico puede avanzar con una extensión de su línea de crédito. Se necesitaba supervisión adicional antes de que pudiéramos proceder con la confianza de que estos fondos críticos para la recuperación de desastres llegarán a quienes más los necesitan”, sostuvo Carson el pasado 16 de enero.
Dos años y cinco meses después del huracán María, el gobierno de Puerto Rico ha recibido solo $1,507 millones de los cerca de $20,500 millones en fondos CDBG-DR que les fueron prometidos.
Las nuevas restricciones en el uso de los fondos CDBG-DR incluyen que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas la Isla dé el visto bueno a los proyectos.
También exige que el gobierno de Puerto Rico demuestre que cumple con los objetivos hacia la reforma del registro de propiedades, no utilice por lo menos $16,500 millones para nada relacionado a mejoras a la red eléctrica y eche a un lado la orden ejecutiva que requiere pagar a $15 la hora a los trabajadores de obras de reconstrucción financiadas con fondos federales.
Hace unos días, 11 legisladores federales demócratas, encabezados por la senadora Elizabeth Warren (Massachusetts), solicitaron una investigación formal para determinar si el presidente Donald Trump, como ocurrió con el caso de Ucrania que generó el juicio político en su contra, violó la ley que prohíbe la confiscación de asignaciones hechas por el Congreso al frenar fondos de emergencia a Puerto Rico.
Los legisladores pidieron al Inspector General del Departamento de la Vivienda federal (HUD) que examine si en el caso de Puerto Rico, la administración Trump también ha violado la ley estadounidense al retrasar la entrega de los fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR).
La congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) también tiene pendiente una investigación que solicitó al Inspector General de HUD sobre el freno de esos fondos.
