Venezuela analiza privatizar el petróleo ante el desplome económico

Ante el colapso económico y rígidas sanciones, el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro propuso otorgar participaciones mayoritarias y el control de su industria petrolera a las grandes corporaciones internacionales, una medida que terminaría con décadas de monopolio estatal.

Representantes de Maduro han mantenido conversaciones con la rusa Rosneft PJSC, Repsol SA de España y Eni SpA de Italia. La idea es permitirles hacerse cargo de las propiedades petroleras controladas por el gobierno y reestructurar parte de la deuda de la compañía estatal, Petróleos de Venezuela SA, a cambio de activos, según personas con conocimiento del tema.

La propuesta, que ofrecería un respiro al sector petrolero, ya muy debilitado, está aún en etapas iniciales y enfrenta grandes obstáculos. Las leyes venezolanas tendrían que modificarse, hay desacuerdo respecto a la manera en cómo financiar las operaciones. Por otra parte, las sanciones de Washington prohíben que cualquier empresa estadounidense haga negocios con el régimen de Maduro sin una licencia. Las sanciones también han desalentado a las empresas no estadounidenses a invertir en Venezuela.

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La una vez admirada PDVSA, compañía estatal con una producción de 3,5 millones de barriles diarios, ahora bombea a un mínimo histórico de 700.000 barriles por día, a pesar de tener una de las reservas petroleras más grandes conocidas del mundo. Así mismo, las reservas extranjeras del Banco Central han disminuido a su menor nivel en tres décadas, mientras que el efectivo del país suma menos de US$1.000 millones.

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Asamblea Nacional

Para que el Tesoro de EE.UU. cambie su política es casi seguro que requerirá la aprobación del líder opositor Juan Guaidó, quien cuenta con el respaldo de Washington por sobre Maduro y es el presidente de la Asamblea Nacional, donde se aprueban las leyes.

Si bien Guaidó y la oposición están a favor de aumentar la participación extranjera y la inversión en Venezuela, no quieren hacer nada que pudiera ayudar a Maduro a permanecer en el poder. Lo están presionando para que renuncie y permita nuevas elecciones presidenciales.

A principios de este mes, las tropas respaldadas por Maduro mantuvieron a Guaidó fuera de la Asamblea Nacional, mientras que los legisladores progubernamentales eligieron un nuevo líder, Luis Parra. Los partidarios de Guaidó votaron por él una vez más en una reunión fuera de la sede del Palacio Legislativo, por lo que el liderazgo de la asamblea se mantiene en disputa. Una razón por la que Maduro buscó a Parra fue para facilitar la promulgación del cambio de ley requerido, según personas familiarizadas con la situación.

PDVSA está solicitando a las compañías nuevas inversiones. Si la propuesta sigue adelante, desean que se les pague con el flujo operativo, dijeron dos personas. Las conversaciones han planteado la posibilidad de convertir en capital parte de la deuda de PDVSA con las empresas, dijeron las personas.

PDVSA y Rosneft no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios. Repsol declinó hacer comentarios, al igual que Eni y el Tesoro de EE.UU.

Varios contratistas estadounidenses, incluidos Chevron Corp. poseen licencias temporales para operar en Venezuela. No está claro qué pasaría con esas licencias si el gobierno de Maduro siguiera adelante con esta propuesta.

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La joya de la corona

Durante mucho tiempo, el petróleo de Venezuela se ha considerado la joya de la corona del país y un recurso tan valioso que la Constitución establece restricciones estrictas a la participación extranjera en la industria.

Sin embargo, la crisis del país, resultado de una mala gestión titánica, la caída de los precios del petróleo, la corrupción y la presión extranjera, ha provocado que Maduro doblegue muchos principios socialistas recientemente.

Discretamente terminó con los controles de divisas e importaciones, lo que permite el crecimiento de una economía de mercado dolarizada y restringida. En una iniciativa aparte, también se comprometió en conversaciones secretas con los tenedores de unos US$60.000 millones en bonos, algunos de ellos estadounidenses, al ofrecer asociarlos con una compañía de perforación extranjera a la que se les otorgarían los derechos de los campos petroleros como un medio para recuperar su deuda, según personas familiarizadas con el asunto.