Como parte de las medidas de presupuesto aprobadas esta semana, el Congreso oficializó solicitar al Departamento del Tesoro que ofrezca detalles sobre el impacto de los beneficios que tienen las empresas foráneas, y otorgan las leyes 20 y 22 en Puerto Rico.
También recomendó al Departamento de Justicia de Estados Unidos excluir el status territorial de cualquier referéndum que valide en la Isla.
Las propuestas están incluidas en informes de los comités de Asignaciones de la Cámara baja que acompañan los proyectos de presupuesto para el Tesoro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“El Comité ordena al (Tesoro) que presente un informe dentro de los 90 días de la promulgación de esta ley que detalle los montos de impuestos que han logrado evitar durante los pasados cinco años las compañías que han establecido corporaciones en Puerto Rico que operan como foráneas, así como la cantidad de impuestos territoriales pagados localmente, la cantidad de las ventas anuales y el número de empleos creados en la Isla”, indica el lenguaje, que fue impulsado por el congresista demócrata boricua José Serrano (Nueva York).
De acuerdo al texto, el Comité de Asignaciones “está preocupado por la interacción entre las nuevas leyes fiscales territoriales (Ley 20 y 22 de 2012 de Puerto Rico) y la sección 933 del Código (contributivo) de Estados Unidos, que permita la evasión fiscal y niega ingresos a los gobiernos federal, estatal y territorial, incluido Puerto Rico”.
En ese sentido, se ordena al Servicio de Rentas Internas (IRS) presentar, 180 días después de que la medida se convierta en ley, un informe sobre “el número de personas y empresas que se han trasladado de cada estado y el Distrito de Columbia a Puerto Rico desde 2012 y se les ha otorgado exenciones de impuestos bajo las leyes de Puerto Rico 20 y 22”.
“El informe (del IRS) debe incluir el monto de los impuestos federales pagados por dichas personas y empresas por tipo de impuesto y jurisdicción de las residencias anteriores durante cada uno de los cinco años anteriores a su mudanza. Además, el Comité ordena al IRS que publique un informe en un formato fácil de usar con posibles opciones y políticas que minimizarían las pérdidas de ingresos para los gobiernos federal, estatal y territorial”, sostuvo.
Tanto las empresas foráneas, como las leyes 20 y 22, han sido herramientas claves para los recaudos del gobierno de Puerto Rico.
El informe del Comité de Asignaciones también ordena al Servicio de Rentas Internas publicar un informe sobre cómo las opciones y la política pública que permita minimizar la pérdida de recaudos a los gobiernos federal, estatal y territorial.
Coincidiendo con la aprobación de ese lenguaje, Serrano, y sus colegas demócratas Nydia Velázquez (Nueva York), Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York) y Raúl Grijalva (Arizona) enviaron hoy una carta al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, a ejercer mayor supervisión sobre las leyes 20 y 22.
Serrano indicó que esos estatutos “han convertido a Puerto Rico en un paraíso fiscal con poco o ningún beneficio para la vasta mayoría de Puerto Rico”.
“El Departamento del Tesoro necesita analizar detenidamente estas disposiciones para que podamos determinar si están funcionando según lo previsto o si permiten inadvertidamente a los ricos eludir las obligaciones fiscales y privar a Puerto Rico y al gobierno federal de los ingresos necesarios «, sostuvo Velázquez.
Mientras, Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales, expresó preocupación por qué “el pueblo de Puerto Rico esté sujeto a un sistema tributario injusto que favorece a la clase acomodada y de negocios»
“Es profundamente preocupante saber que las personas ricas están utilizando a Puerto Rico como un paraíso fiscal para evitar pagar una parte justa”, sostuvo, por su parte, la congresista Ocasio Cortez.
Status
En cuanto al status, el informe del Comité de Asignaciones que acompaña el presupuesto del Departamento de Justicia sostiene que esa comisión considera que para cumplir el objetivo de “resolver el status político futuro de Puerto Rico” – como promueve un lenguaje federal de 2014 -, “el actual status territorial/de Estado Libre Asociado (Commonwealth) debe ser excluido de cualquier plebiscito futuro, debido a que falla en atender inequidades claves”.
El gobierno de Puerto Rico puede intentar nuevamente legislar un referéndum de status – esta vez estadidad sí o no-, utilizando la ley de 2014 que autoriza al Departamento de Justicia de EE.UU. a asignar $2.5 millones para ayudar a financiar la consulta, siempre y cuando pueda certificar las alternativas a incluirse en la papeleta electoral y la campaña educativa de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
El informe del comité indica que el Departamento de Justicia federal debe actuar de forma expedita sobre cualquier solicitud de fondos que reciba de la CEE y que en 45 días le provea “las versiones aceptables de materiales de educación al votante, formatos de la papeleta electoral, y materiales relacionados que permitirían al Departamento comprometer ese financiamiento”.
