Washington, D.C. – La jueza Laura Taylor Swain rechazó el miércoles la solicitud de los congresistas demócratas Raúl Grijalva, Nydia Velázquez y Darren Soto para integrarse al debate judicial sobre el acuerdo preliminar de reestructuración de la deuda (RSA) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por entender que no tienen un “interés especial” que haga inevitable su participación en el caso.
En su determinación, Swain, a cargo del tribunal de bancarrota territorial creado por la Ley Promesa, indicó que otras partes del caso presentaron evidencia y argumentos similares a los que impulsan los congresistas. Dijo, además, que tomó en cuenta la oposición del gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre la participación de los legisladores.
Swain sostuvo que los legisladores no lograron demostrarle que cometió un “error manifiesto en derecho” o presentado nueva evidencia que refleje que el tribunal falló al no considerar en este momento “los efectos macroeconómicos” del acuerdo preliminar de reestructuración de la deuda de la AEE, que ronda los $9,000 millones.
La jurisprudencia, indicó la jueza, permite filtrar más las peticiones de “amigos de la corte” en un caso, cuando no hay consenso entre las partes, a menos que sea de un interés especial o el tribunal entienda que requiere de asistencia adicional para tomar su decisión.
Los tres congresistas demócratas rechazaron el contenido del RSA, por entender que las alzas tarifarias que requiere van a representar un nuevo golpe a la economía de Puerto Rico.
Bajo el RSA, el recorte de la deuda de la AEE quedaría en 32.5%, pero puede bajar a 22.5% si mejoran las finanzas de la AEE. No obstante, los expertos advierten no solo que el recorte de la deuda pública debería ser un 80%, sino que el RSA puede provocar un aumento de 47% en las tarifas de cara al 2024.
“Cada decisión tomada por Promesa debería considerar la calidad de vida y la prosperidad económica en la isla. Lamentablemente, el actual acuerdo de reestructuración de la AEE no respalda ninguno de esos dos asuntos”, dijo Grijalva cuando junto a sus colegas refutó los argumentos del gobierno de Wanda Vázquez Garced y la JSF para aceptar la participación de los congresistas.
Grijalva es presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, que tiene jurisdicción primaria sobre la Ley Promesa y tiene entre sus tareas supervisar los trabajos de la JSF. Velázquez, presidenta del Comité de Pequeñas Empresas, y Soto son los boricuas demócratas del Comité de Recursos Naturales.
Líderes de la minoría republicana en Comité, encabezada por Rob Bishop (Utah), solicitaron a sus colegas demócratas retirar su petición de ‘amigos de la corte’. La comisionada Jenniffer González, que hace caucus con los republicanos, no intervino en el debate.
