Oficina del Inspector General emite informe sobre falta de controles internos en Educación
Washington.- La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Educación de Estados Unidos publicó esta semana el informe en el que determinó que el gobierno de Puerto Rico no pudo demostrar que tenía los controles necesarios para poder administrar adecuadamente los $589 millones asignados para mitigar los daños causados en las escuelas por el huracán María.
El informe fue publicado el 17 de julio, es decir hace dos días, pero desde el 13 de junio – dos semanas antes de ordenar la contratación de una especie de síndico para la Oficina de Asuntos Federales del Departamento de Educación-, le había notificado al gobierno de Puerto Rico los hallazgos preliminares.
“Encontramos que el Departamento de Educación de Puerto Rico necesita mejorar su sistema de controles internos para asegurarse de que los fondos del (Programa de Reinicio de Operaciones Escolares) se administrarán correctamente”, indica el informe de la OIG de Educación federal.
Desde el 28 de junio pasado, el Departamento de Educación federal había notificado al Departamento de Educación de Puerto Rico que tenía que contratar a un agente fiduciario, una especie de síndico, para manejar los fondos federales que recibe.
En el informe, la OIG recomienda al Secretario Adjunto para la Oficina de Educación Elemental y Secundaria requerir al Departamento de Educación de Puerto Rico proveer documentación sobre las compras y contratos relacionadas al programa de “Reinicio de las Operaciones Escolares” o el título I, poder justificarlos o, de lo contrario, devolverlos.
El informe de la oficina del OIG indica que hasta el 1 de marzo, el gobierno de Puerto Rico solo había desembolsado $24.1 millones de $589.2 millones asignados para mejorar las escuelas, pese a que el dinero solo tendría una vigencia de 24 meses.
Al hacer sus determinaciones sobre las normas y la política pública de contratación del Departamento de Educación de Puerto Rico, la OIG examinó seis transacciones valoradas en $12.2 millones.
Los hallazgos tienen lugar una semana después de que la fiscalía federal acusara a la ex secretaria de Educación Julia Keleher, una ayudante y tres contratistas, de participar en un esquema de fraude y lavado de dinero relacionado a fondos de educación.
El informe recuerda que previas auditorías e investigaciones han hallado también deficiencias en el proceso de contratación del Departamento de Educación de Puerto Rico. Como ejemplo menciona que en 2011, funcionarios del Departamento de Educación de Puerto Rico fueron acusados de múltiples cargos relacionados al proceso de contratación.
El documento final fue enviado el pasado día 17 al secretario de Educación de Puerto Rico, Eligio Hernández Pérez, pero desde hace más de un mes esa oficina había podido revisar los hallazgos de la OIG de Educación federal.