El Primer Circuito de Apelaciones le da un respiro a la Junta de Supervisión Fiscal
Washington – El Primer Circuito de Apelaciones federales aceptó hoy extender indefinidamente, en espera de la decisión que tome el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la moratoria que ha permitido a los actuales miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) seguir en funciones.
Bajo la orden anterior, la Junta tenía hasta el 15 de julio para seguir tomando decisiones. A partir de entonces, podía quedar inoperante y dejar en un limbo el proceso de reestructuración de la deuda pública.
En una escueta orden, el foro de apelaciones indicó que ha aceptado la moción de la JSF para extender la moratoria hasta que el Tribunal Supremo estadounidense revise el caso sobre la constitucionalidad de los nombramientos de la JSF y si son válidas las decisiones que han tomado sus miembros, de confirmarse la inconstitucionalidad.
El mandato del foro de apelaciones permitirá a los miembros de la JSF, por lo menos, cumplir con su término de tres años, que vence el 30 de agosto, con o sin confirmación del Senado estadounidense.
El pasado día 20, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció que examinará la constitucionalidad de los nombramientos de los actuales miembros de la JSF, que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico, y el poder que tenían para tomar decisiones como “funcionarios de facto”, si se confirmara la decisión del foro de apelaciones sobre la inconstitucionalidad de los nombramientos.
El máximo foro judicial estadounidense convocará para la segunda semana de octubre una audiencia oral del caso. Pero, espera comenzar a recibir argumentos por escrito a partir del 25 de julio.
Cuando pidió al Primer Circuito de Apelaciones una nueva extensión de la moratoria, el abogado de la JSF, Donald Verrilli, quien fue procurador general bajo el gobierno de Barack Obama, pidió tomar nota de que el caso ahora va a ser revisado por el pleno del Tribunal Supremo estadounidense.
El presidente Donald Trump refirió al Senado estadounidense, el pasado 18 de junio, los nombramientos de los siete miembros de la JSF: José Carrión III, Carlos García, David Skeel, Andrew Biggs, Ana Matosantos, Arthur González, y José Ramón González.
Pero, era evidente que el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado no tendría tiempo para confirmar a esos funcionarios antes del 15 de julio, cuando vencía la primera extensión de la moratoria concedida por el Primer Circuito.
En su decisión del 15 de febrero, el Primer Circuito declaró inconstitucional los nombramientos de los actuales miembros de la JSF, por considerarlos funcionarios federales de alto nivel que debieron ser designados directamente por el presidente y confirmados por el Senado estadounidense.
Seis de los siete miembros de la JSF fueron nombrados por el entonces presidente Barack Obama a base de listados de candidatos presentados por los líderes del Congreso. Solo José Ramón González fue nombrado directamente por Obama.
Mientras la JSF y el gobierno de Trump han pedido al Tribunal Supremo que revoque la decisión del Primer Circuito de Apelaciones, la firma de inversiones Aurelius y el sindicato Utier objetan que el Primer Circuito validara las acciones tomadas por la Junta.
En teoría la extensión de la moratoria permitiría al liderato republicano del Senado y a la Casa Blanca revisar si quieren actuar en julio sobre los nombramientos de los actuales integrantes de la JSF o esperar a que venza el término de tres años, el próximo 30 de agosto.