Grupos a favor de los derechos civiles impulsan derogar los Casos Insulares
La Asociación para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) y la Unión de Libertades Civiles (ACLU) exhortaron al Congreso a aprobar la resolución del congresista demócrata Raúl Grijalva que pide al Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazar la doctrina de los Casos Insulares.
“Se debe actuar ahora para corregir (una) injusticia”, indicó NAACP en una carta de respaldo a la legislación, en la que recordó que la doctrina de los Casos Insulares fue establecida por el mismo tribunal que decidió el caso Plessy versus Ferguson, que validó la segregación racial y la doctrina de “separados pero iguales”.
Bajo la doctrina de los Casos Insulares, el Tribunal Supremo estadounidense determinó que Puerto Rico es un territorio no incorporado, que pertenece a, pero no es parte, de Estados Unidos, y en el que no aplica toda la Constitución federal.
La legislación de Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, fue presentada en momentos en que algunos temen que el Tribunal Supremo valide nuevamente la doctrina de los Casos Insulares en la decisión que tomará sobre la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras de Puerto Rico.
La ACLU, por su parte, sostuvo que al establecer la doctrina de los Casos Insulares, el Tribunal Supremo estadounidense “se basó expresamente” en posiciones racistas que acusaban a los residentes de los recién adquiridos territorios de “inferioridad”.
“Es ampliamente aceptado ahora que estos casos arraigaron las preocupaciones de la era imperialista por extender las protecciones constitucionales a las personas de color”, afirmó la ACLU.
Mientras la organización “Fix the Court” denunció que los Casos Insulares se refieren “infamemente a habitantes de los territorios utilizando un lenguaje despectivo que subraya los supuestos racistas que informan esas decisiones”.