El Congreso ordena compra de equipo para detonaciones en cámara que pueden utilizarse en Vieques

Un comité de conferencia del Congreso acordó ordenar al Secretario de la Marina de Guerra de Estados Unidos comprar equipo que puede permitir detonar en cámaras cerradas, no al aire libre, las municiones sin explotar en la isla de Vieques.

El texto acordado, parte de un consenso bipartidista que será refrendado por ambas cámaras legislativas, asigna $10 millones a la Marina de Guerra para adquirir ese equipo y utilizarlo en una antigua zona de bombardeo naval fuera del territorio continental estadounidense.

Aunque no hace alusión directa a Vieques, como propuso originalmente la congresista demócrata boricua Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York) y aprobó la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la descripción que hace la medida coincide con la realidad de la isla municipio puertorriqueña.

El lenguaje final está incluido en el proyecto de autorización de gastos de Defensa que fue acordado por los líderes de los comités de Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara de Representantes.

Organizaciones como Vidas Viequenses Valen, Latino Justice, VAMOS, Radio Vieques y Citizens for Safe Water Around Badger (CSWAB) promovieron el lenguaje de Ocasio Cortez.

“Exigimos cámaras de detonación para controlar las emisiones de la quema y detonación al aire practicado por la Marina de Guerra en la limpieza de Vieques. Esta práctica de detonación al aire mantiene el pueblo bajo una nube de contaminantes. El pueblo de Vieques lucha por su vida mientras la Marina rehúsa utilizar métodos alternativos menos dañinos a la salud y el ambiente”, ha indicado Myrna Pagán, de Vidas Viequenses Valen.

A finales de julio, 17 senadores y congresistas demócratas solicitaron a los comités de Fuerzas Armadas del Congreso que respalden la enmienda de Ocasio Cortez.

La misma legislación ordena a la Oficina deContraloría General (GAO) llevar a cabo un estudio sobre el status de la limpieza y descontaminación de los antiguos terrenos militares en Vieques y Culebra, según un acuerdo en el Congreso.

El estudio deberá estar listo 180 días después de que se convierta en ley el proyecto de autorización de gastos de Defensa, que fue acordado el lunes en un comité de conferencia de las comisiones de Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara baja estadounidense.

El lenguaje afavor del estudio había sido impulsado desde la Cámara baja en esta sesión por la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Los miembros del comité de conferencia indicaron además que el Secretario de Defensa debe “explorar todas las alternativas para acelerar la limpieza y el proceso de restauración ambiental que está en marcha” en los antiguos terrenos militares en Vieques y Culebra.

También indicaron que el Departamento de Defensa debe trabajar con la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA), el Servicio de Vida y Pesca Silvestre, y el gobierno de Puerto Rico para “asegurar que el proceso de descontaminación se lleva a cabo de la manera menos intrusiva para las vidas de los residentes y minimizar los riesgos de salud pública”.

El informe del comité de conferencia asigna, además, $50 millones a la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico para construir un nuevo hangar en el aeropuerto Luis Muñoz Marín y una instalación de comunicaciones. El hangar tendría un costo de $37.5 millones, mientras que la instalación de comunicaciones se calcula que requerirá los otros $12.5 millones.

Hace unos meses, el presidente Donald Trump desvió $341 millones de la Guardia Nacional que estaban ya asignados para la construcción de partes del muro que quiere levantar en la frontera con México.

Entre los proyectos que perdieron fondos a causa del muro, están siete en el Campamento Santiago de Salinas para mejoras relacionadas a daños causados por el huracán María: $80 millones para áreas de entrenamiento; $64 millones para la construcción de un nuevo hangar de helicópteros, que sustituiría el que tienen en San Juan; $50 millones para mejoras que incluyen salones de clase; $47 millones para instalaciones que se utilizan para el entrenamiento transitorio de soldados que son movilizados a bases de Estados Unidos; $18.5 millones para soterrar líneas eléctricas; $13 millones para tres comedores; y $11 millones para talleres de mecánica.

Los otros dos proyectos de la Guardia Nacional afectados por la decisión del presidente Trump y el Pentágono son los que asignan $30 millones para una nueva armería en Arroyo y $28 millones para un taller de reparación de vehículos en Gurabo.

El desvío de fondos también afectará el plan de construir una nueva escuela en la antigua base Ramey, en Aguadilla, para la cual el Ejército contaba con una asignación de $61.07 millones de parte del Congreso.

El acuerdo del comité de conferencia también incluye lenguaje que persigue incentivar proyectos de pequeñas empresas en la Isla.