Tres expertos recomiendan al Congreso un juicio político contra Donald Trump
Washington – Tres constitucionalistas afirmaron ante el Comité de lo Jurídico de la Cámara baja federal que la evidencia sobre la presión del presidente Donald Trump en contra del gobierno de Ucrania, para beneficio político y personal, amerita iniciar un proceso de destitución en su contra.
Un cuarto constitucionalista, Jonathan Turley, consideró que se justifica la investigación que tiene en marcha la Cámara baja, pero que las pruebas en este momento son insuficientes y que el Congreso debería citar bajo orden judicial a “testigos claves” que pueden tener conocimiento directo sobre las denuncias de que el presidente Trump abusó de su poder.
Los expertos que se presentaron ante el Congreso son: Noah Feldman, de la Universidad de Harvard, Pamela Karlan, de la Universidad de Stanford, y Michael Gerhardt, de la Universidad de Carolina del Norte.
El Comité de lo Jurídico lleva a cabo hoy, miércoles, una audiencia pública para conocer las bases de un proceso de residenciamiento en contra del presidente Trump, por haber presionado al presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, para que iniciara investigaciones que incluyeran al ex vicepresidente Joseph Biden – precandidato a la presidencia-, a cambio de liberar $391 millones en asistencia militar y concederle una reunión en la Casa Blanca.
Tan pronto como la semana próxima, el Comité de lo Jurídico puede debatir cargos específicos de destitución en contra de Trump.
“Si el Congreso falla en acusar aquí (a Trump), entonces el proceso de destitución ha perdido todo sentido», indicó Gerhardt.
“La conducta del presidente Trump descrita en el testimonio y la evidencia” amerita “un proceso de destitución bajo la Constitución”, indicó el profesor Feldman, de la Escuela de Derecho de Harvard
Feldman afirmó que el proceso de destitución contra un presidente existe porque los redactores de la Constitución “temían que un presidente pudiera abusar del poder de su cargo para obtener una ventaja personal; para corromper el proceso electoral y mantenerse en el cargo; o para subvertir nuestra seguridad nacional”.
“Al congelar la ayuda a Ucrania y dejar en el aire la promesa de una visita a la Casa Blanca, el presidente utilizó corruptamente los poderes de la presidencia para beneficio político personal”, indicó el profesor Feldman.
“La lista de delitos que pueden generar un proceso de destitución que los redactores incluyeron en la Constitución muestran que la esencia es la decisión del presidente de sacrificar el interés nacional por sus propios fines privados”, indicó, por su parte, la profesora Karlan.
Karlan sostuvo que tratar de dañar una elección es una ofensa que puede generar un proceso de destitución. “Atraer un gobierno extranjero a nuestro proceso electoral es un abuso especialmente grave del poder porque socava la democracia misma”, dijo.
“Una de las razones claves para incluir el poder de iniciar un juicio político (contra el presidente de EE.UU.) era el riesgo de que funcionarios sin escrúpulos pudieran tratar de manipular el proceso electoral”, agregó la profesora Karlan ante el Comité de lo Jurídico.
El profesor Gerhardt, mientras, dijo que la preocupación de los redactores de la Constitución sobre la necesidad de proteger a Estados Unidos de “un presidente corrupto fue evidente a lo largo de la convención constitucional”.
Gerhardt consideró que el presidente Trump cometió actos que ameritan su destitución, pues le atribuye “extorsión, abuso de poder al solicitar un favor personal para beneficio de su campaña política, obstrucción contra el Congreso y de la justicia”. “En su influyente ensayo en ‘The Federalist Papers’, Alexander Hamilton declaró que los delitos que ameritan destitución son ‘aquellos delitos que proceden de la mala conducta de los hombres públicos, o, en otras palabras, el abuso o violación de alguna confianza pública’”, agregó.
“El desafío del presidente al Congreso es aún más preocupante debido a la lógica bajo la que él reclama su obstrucción… El propio presidente ha declarado que la Constitución le otorga ‘el derecho a hacer lo que quiera como presidente’”, dijo Gerhardt.
El profesor Turley, por su parte, reafirmó que “un ‘quid pro quo’ para forzar la investigación de un rival político a cambio de ayuda militar puede ameritar un juicio político, si se demuestra”. “Sin embargo, avanzar primaria o exclusivamente con la controversia de Ucrania con este récord sería tan precario como prematuro”, profesor de Derecho en GWU.
Turley sostuvo que el récord contra Trump es “insuficiente” y “no contiene evidencia directa” de que el presidente buscó un ‘quid pro quo’.
Cuestionó que la Cámara baja no haya citado bajo orden judicial a “testigos claves que tendrían conocimiento directo”, en aparente referencia a funcionarios como el secretario de Estado, Mike Pompeo, el jefe de Gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y el secretario de Energía, Rick Perry. Sin citarse a testigos con conocimiento directo, lo que puede implicar un largo proceso judicial, “se establece un precedente peligroso”, dijo Turley.
El profesor Turley recordó que declaró también en 1998 durante la investigación del Comité de lo Jurídico que generó cargos de destitución en contra del entonces presidente Bill Clinton. Advirtió además que votó en contra del presidente Trump en 2016 y antes favoreció a los demócratas Bill Clinton y Barack Obama.
Anoche, el Comité de Asuntos de Inteligencia ratificó y refirió al Comité de lo Jurídico un informe de tres comisiones en el que se concluye que con sus presiones al gobierno de Ucrania el presidente Trump abusó de su poder para “su beneficio personal y político”, a costa de la seguridad nacional estadounidense.
Los presidentes de los comités de Asuntos de Inteligencia, Adam Schiff, de Investigaciones y Reforma Gubernamental, Carolyn Maloney, y Asuntos Exteriores, Eliot Engel, indicaron que “las acciones del presidente han dañado nuestra seguridad nacional, han socavado la integridad de las próximas elecciones y han violado su juramento”.