Piden cuidado con las posibles penalidades a la isla sobre Medicaid

Washington – La Asociación de Productos Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA) exhortó al Congreso a evitar generar más incertidumbre en torno al financiamiento de Medicaid con las penalidades que puede incluir en una próxima asignación de fondos para el gobierno de Puerto Rico, cuyo plan de salud depende en gran medida del programa federal y sirve a 1.5 millones de personas.

En una carta enviada a los líderes de los comités con jurisdicción sobre el programa Medicaid, MMAPA recordó que Puerto Rico – que recibe “la financiación federal” más baja pér capita, “porque el programa está sujeto a límites legales tanto en su FMAP (la aportación por servicios) como en la financiación total” -, requiere de un remedio a largo plazo.

Las medidas que consideran los líderes de los comités del Congreso proponen asignaciones por un período de cuatro años que pueden fluctuar en total entre los $9,814 millones y $12,000 millones, pero – especialmente después de los más recientes cargos de corrupción-, con duros controles hacia el gobierno de Puerto Rico

Entre las medidas de verificación que incluye el borrador de legislación del presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Charles Grassley, por ejemplo, se incluyen auditorías forenses y el potencial de penalidades que pudieran quitarle a la isla el 50% de las asignaciones. El borrador de Grassley propone asignar un total de $9,814 millones para los años fiscales federales 2020, 2021, 2022 y 2023, con una aportación federal de 70% por servicio de Medicaid.

“La posibilidad de reducciones significativas en la financiación general creará una enorme incertidumbre para nuestros miembros, proveedores y otros miembros de la comunidad de cuidado médico, sin mencionar las interrupciones en el acceso a la atención de los beneficiarios a los que tenemos el privilegio de atender”, indicó el liderato de MMAPA, encabezado por el presidente de la organización, James O’Drobinak, en una carta del pasado día 19.

La carta fue dirigida a Grassley, el portavoz demócrata en el Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden (Oregón), el presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, el demócrata Frank Pallone (Nueva Jersey), y el líder de la minoría republicana en el comité cameral, Greg Walden (Oregón).

MMAPA mantuvo que si es necesario retener dinero asignado a Puerto Rico, “preferimos una estructura similar a la ley de presupuesto bipartidista de 2018, en oposición a las propuestas que persigue quitar los fondos asignados”.

Bajo la ley de presupuesto bipartidista de 2018, el Congreso asignó $4,800 millones en fondos de emergencia a Puerto Rico, tras el huracán María, pero $1,200 millones estuvieron condicionados a que el gobierno de la Isla demostrara que había puesto en marcha un plan contra el fraude y sobre la recopilación de estadísticas.

El anteproyecto de ley del senador Grassley permitiría reducir en un 15% los fondos de Medicaid si no se cumple con una reforma en el proceso de contratación, y se demuestra progreso en los controles de calidad. Otro 20% puede perderse si no se cumplen con las exigencias referentes a las tarifas de pago

“Advertimos que cualquier sanción (como una reducción en los fondos federales) por incumplimiento de los requisitos de integridad debe calibrarse adecuadamente, teniendo en cuenta que si bien el Gobierno de Puerto Rico implementó recientemente el Sistema de Información de Gestión de Medicaid y la Unidad de Control de Fraudes contra Medicaid, todos los miembros de MMAPA que manejan el programa Medicaid han estado abordando reclamos fraudulentos durante años a través de sus propios programas de integridad de pagos”, agregó el liderato de MMAPA.

Por ley federal, Puerto Rico recibe un tope anual en fondos de Medicaid que ahora alcanza los $375 millones. Para rendir servicios de Medicaid en la Isla, el 55% tienen que ser fondos federales y el 45% asignaciones del gobierno de Puerto Rico.

La directora interina de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Yolanda García, ha indicado que, sin una nueva asignación, en marzo se le agotarán a Puerto Rico los fondos de Medicaid. Para entonces, el gobierno de Puerto Rico tendrá que depender de los cerca de $1,224 millones que le autorizó de fondos locales la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En su carta al liderato del Congreso, MMAPA aplaudió la decisión del Congreso de autorizar que los fondos de Medicaid se utilicen en un 100% de aportación federal hasta el 20 de diciembre, como parte de la ley temporal de presupuesto que fue suscrita el jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump.

También respaldó directamente la legislación aprobada en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja, que asignaría a la Isla $12,000 millones entre los años fiscales federales 2020 y 2023, los primeros dos años con un 83% de aportación federal y los otros dos con un 76%.

Pero, como el gobierno de Puerto Rico, afirmó que el financiamiento debe permitir “el pago de las primas” de los servicios ambulatorios del programa Medicare (la parte B), mejorar el acceso a medicamentos de alto costo contra la hepatitis C y otras medicinas que salvan vidas, al tiempo que se aumenta “el reembolso para los proveedores”.