Senador republicano propone $9,800 millones para los próximos cuatro años en Medicaid para Puerto Rico

Washington – El presidente del Comité de Finanzas del Senado estadounidense, el republicano Charles Grassley, ha circulado un borrador de legislación que reduciría de $12,000 millones a $9,800 millones las asignaciones de Medicaid para Puerto Rico que ha propuesto un comité de la Cámara baja para los próximos cuatro años fiscales federales.

Tras los cargos por corrupción recientes que involucran el funcionamiento del plan de salud del gobierno de Puerto Rico, el anteproyecto al que tuvo acceso El Nuevo Día además parece fortalecer los controles sobre el programa de Medicaid en la Isla, en comparación con el proyecto aprobado en julio pasado en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja federal.

En términos porcentuales, Grassley sugiere que la aportación federal por servicios de Medicaid sea de un 70%, menos que el proyecto cameral que establecía un mínimo de 76%, pero por encima del 55% de la ley vigente.

Garantizaría a Puerto Rico asignaciones de $2,381 millones, $2,429 millones, $2,477 millones y $2,527 millones para los años fiscales federales 2020, 2021, 2022 y 2023.

Aunque propone una asignación menor a la que impulsa un proyecto de la Cámara baja, la asignación de fondos que permite el anteproyecto de Grassley superaría las asignaciones previo a la partida de emergencia que ha estado vigente desde el huracán María.

Los asesores Grassley han estado en conversaciones directas con los funcionarios del Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja, en busca de un acuerdo para el 21 de noviembre, cuando vence la resolución temporal sobre el presupuesto del gobierno federal.

Pero, el gobierno de Puerto Rico, en una respuesta que dio la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), advirtió al Comité de Finanzas que la asignación de $9,800 millones para los próximos cuatro años fiscales federales, no sería suficiente para “implementar las medidas esenciales que son necesarias para mejorar el cuidado médico para el pueblo de Puerto Rico”.

Según el documento presentado por Prfaa- al cual El Nuevo Día también tuvo acceso-, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez, conoce del borrador de Grassley por lo menos desde la semana pasada, pues había explicado a asesores del Comité de Finanzas que el gobierno puertorriqueño considera que la asignación a la Isla debe estar “más en línea” con el proyecto cameral.

Rodríguez había anunciado que tuvo reuniones el 23 o 24 de octubre con funcionarios del Comité de Finanzas del Senado.

Las autoridades de la isla han advertido que al agotarse el 31 de diciembre el acceso a fondos no permanentes de Medicaid, el sistema de salud de Puerto Rico se expone a un barranco fiscal tan temprano como febrero o marzo de 2020.

Desde principios de 2018 y hasta el 21 de noviembre ha dependido de una asignación de emergencia de $4,800 millones que ha perseguido paliar la catástrofe que dejó el huracán María en la Isla hace dos años.

Por medio de esa asignación, el 100% de los costos del servicio de Medicaid ha sido pagado con dinero federal.

Pero esa asignación federal de emergencia, de acuerdo a una resolución temporal de presupuesto, se acabaría el 21 de noviembre. Aunque le quedan otros $586 millones de la ley Obamacare, esos fondos también vencen el 31 de diciembre próximo.

El Comité de Energía y Comercio aprobó en julio un proyecto de ley que asignaría a Puerto Rico $12,000 millones en los próximos cuatro años fiscales federales, elevando la aportación federal a 83% en los años fiscales 2020 y 2021, y dejándola en 76% para 2022 y 2023.

Como el proyecto del Senado, la legislación cameral endureció los controles sobre el programa de Medicaid en Puerto Rico – que funciona a través del plan de salud del gobierno de la Isla-, luego de los cargos de corrupción que incluyeron a la ex directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila y a contratistas.

Aunque no avala una aportación federal de 83% por los servicios de Medicaid que se presten en Puerto Rico, el borrador de Grassley sí recomienda ese porcentaje para los territorios de las Islas Vírgenes, Guam, las Islas Marianas del Norte y Samoa americana.

El borrador del senador Grassley reclama auditorías forenses anuales, y amenaza con reducir al porcentaje vigente de 55% – es decir quitar un 15% de los fondos-, si no se cumple con esos requisitos.

En su respuesta al Comité de Finanzas, la Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA) de Puerto Rico indicó que prefieren la versión cameral y como el gobierno puertorriqueño mantuvo que no entienden por qué se propone un porcentaje de aportación federal menor para la isla que los otros territorios.

La publicación Reorg America había dado a conocer anoche la existencia del borrador de Grassley. Pero, dos fuentes confirmaron el documento circula hace varios días por el Congreso.