Washington – La nueva legislación de estatus de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, persigue que el Congreso incorpore a Puerto Rico como territorio si los electores de la Isla votan a favor de la estadidad en un referéndum que se celebraría el 3 de noviembre de 2020.
La estadidad, sin embargo, no sería efectiva hasta un plazo máximo de 30 meses, es decir como muy tarde en mayo de 2022, de acuerdo al proyecto de ley que González presentará en la Cámara baja federal.
No se prevé que la medida se apruebe, pero el proyecto de ley reafirma la intención del liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) de celebrar en noviembre del próximo año, junto a las elecciones generales, un referéndum estadidad sí o no, que tenga el visto bueno del Secretario de Justicia de Estados Unidos.
Bajo una ley federal de 2014, que el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares obvió al final del proceso sobre el plebiscito de 2017, el Secretario de Justicia de Estados Unidos puede aprobar la papeleta electoral y la campaña educativa que desarrolle la Comisión Estatalde Elecciones (CEE) en torno a un referéndum dirigido a resolver el dilema del estatus político de Puerto Rico, a cambio de $2.5 millones.
“Este histórico proyecto de ley nos encamina hacia la igualdad política que nuestro pueblo se merece. Se le presentará al pueblo de Puerto Rico una consulta avalada por el gobierno federal, donde se le preguntará a los ciudadanos americanos que viven en la isla: «¿Aprueban que Puerto Rico sea admitido como un estado de la Unión, SI o NO?», tal y como se hizo en Alaska y Hawái, esta es la gran diferencia de esta medida”, indicó González.
Pero, en la conferencia de prensa, González afirmó que sin una nueva legislación federal e incluso sin el aval del Departamento de Justicia federal, el gobierno de Puerto Rico debe convocar a un referéndum estadidad sí o o en noviembre próximo.
La comisionada González reconoció que su propuesta de status interrumpiría los trabajos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico, pues el ente fiscal ha indicado que requerirá por lo menos hasta 2024 para cumplir con su encomienda de reestructurar la deuda, asegurar cuatro presupuestos balanceados consecutivos y el regreso de los bonos de la isla a los mercados financieros de Estados Unidos.
González habló de su proyecto en una conferencia de prensa en su oficina, acompañada de los congresistas demócratas José Serrano (Nueva York), Stephanie Murphy (Florida) y Donna Shalala (Florida), así como los republicanos Rob Bishop (Utah) y Don Young (Alaska).
En la conferencia de prensa no estuvo el demócrata boricua Darren Soto (Florida), quien tiene radicado en la Cámara baja un proyecto de ley que impulsa convertir a Puerto Rico en un estado de EE.UU. sin ninguna consulta federal y en un plazo de tres meses.
Según González, el proyecto de ley – que no tiene en este momento una medida similar en el Senado estadounidense-, es coauspiciado por 29 demócratas y 16 republicanos.
Bishop ha indicado, contrario a lo que propone el proyecto, que la Junta debe terminar su trabajo y que la ley Promesa “es el camino hacia la estadidad”. Hoy indicó que Puerto Rico “tiene la oportunidad de ser un éxito económico” y “necesita estabilidad política”, antes de elogiar el desempeño de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.
“Este proyecto va a ser aprobado por muchos votos”, dijo Young, cuya legislación de 1998 – una de tres que ha aprobado la Cámara baja a favor de un plebiscito federal, sin lograr convertirse en ley. En el caso del proyecto Young, la medida fue ratificada por un solo voto.
El congresista Serrano indicó que apoya la estadidad para Puerto Rico por que cree “en la igualdad” y le preguntó a los opositores de esa alternativa de status “¿cuál es el miedo?” de que haya un referéndum estadidad sí o no en la Isla.
Serrano indicó que una muestra de la identidad de los puertorriqueños es que a los boricuas que le preguntan en el Desfile Puertorriqueño de Nueva York que son, responden sin titubear “soy puertorriqueño”.
“Puerto Rico se merece una estrella en la bandera estadounidense”, dijo, por su parte, la congresista Murphy.
Desde noviembre de 2018, el congresista Bishop, entonces presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU., advirtió al gobierno de Puerto Rico que necesita celebrar un referéndum estadidad sí o no, con el visto bueno del Departamento de Justicia de Estados Unidos, para poder avanzar su propuesta de status en el Congreso federal.
Para Bishop, la falta del aval de Justicia federal ha permitido a la oposición política cuestionar los resultados del plebiscito criollo de 2017, en el que la estadidad – en medio de un boicot de los partidos de oposición y la participación de solo el 23% de los electores-, obtuvo el 97% de los votos.
Aunque la propuesta de Bishop tuvo el respaldo inmediato del entonces gobernador Rosselló Nevares y de la comisionada González, y el directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) abrazó la idea en febrero pasado, no fue hasta hace unos días que la colectividad anunció que legislará el referéndum estadidad sí o no para las elecciones generales de 2020.
Incorporar a Puerto Rico puede dar a los residentes de la isla mejor acceso a programas federales, pero implicaría la plena vigencia de las normas contribuyentes estadounidenses, incluido el pago de contribuciones sobre ingresos. Puerto Rico seguiría fuera del colegio electoral estadounidense y sin representación con plenos derechos en el Congreso.
Puerto Rico, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de EE.UU., es un territorio no incorporado, que pertenece a, pero no es parte de EE.UU., y no está encaminado a convertirse en un estado federado.
Según la comisionada, el proyecto – que no fue distribuido en la conferencia de prensa-, permitiría que el pago de contribuciones federales sobre ingresos no comience hasta que se le otorgue la representación a Puerto Rico en el Congreso.
Pese al optimismo de algunos, tanto el presidente Donald Trump como el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), han dado un “no” absoluto a la propuesta de estadidad para Puerto Rico. Más aún McConnell ha vinculado el debate sobre la estadidad para Puerto Rico y Washington D.C. a la “agenda socialista” de los demócratas que buscan controlar el Senado de Estados Unidos, donde los republicanos tienen mayoría 53 a 47.
En la Cámara baja, el presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raul Grijalva, ha descartado echar hacia delante un proyecto de status, ante la baja participación en el plebiscito de 2017 y el rechazo del líder republicano del Senado y el presidente Trump a cualquier propuesta de estadidad.
En la conferencia de prensa de la comisionada González estuvieron los representantes del PNP José Aponte, José Enrique “Quiquito” Meléndez y Eddie Charbonier, el senador Miguel Laureano, la alcaldesa de Ponce, Maria “Mayita” Meléndez, y el exgobernador Luis Fortuño, entre otros estadistas.
Este es el tercer proyecto pro estadidad que presenta González. Los primeros dos fueron en la pasada sesión del Congreso.
El primero, del 4 de enero de 2017, buscaba vincular la admisión de Puerto Rico como estado a un referéndum en la isla vinculado a la ley federal que permitiría al Secretario de Justicia de EE.UU. validar la papeleta electoral y por ende las alternativas de status. Pero, aunque el gobierno del PNP intentó conseguir el aval de Justicia federal para el plebiscito del 11 de junio de 2017, nunca esperó por la decisión final.
González presentó luego en junio de 2018 un proyecto de ley que impulsaba convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado y crear un grupo de trabajo del Congreso para estudiar los cambios a las leyes que son necesarias para admitir a Puerto Rico como estado. Ninguna de las medidas avanzó ni se le concedieron audiencias públicas bajo la mayoría republicana del Congreso.
