Los jueces del Supremo se cuestionan si las funciones de la Junta son principalmente locales o federales

Washington – Los jueces del Tribunal Supremo estadounidense se centraron hoy en conocer si las funciones de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tienen responsabilidades principales locales o federales, lo que en última instancia puede definir el resultado del caso sobre la constitucionalidad de los nombramientos del ente financiero.

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En una sesión de 80 minutos, ocho de los nueve jueces debatieron con los demandados si los nombramientos de la JSF se hicieron de forma inconstitucional, como determinó el Primer Circuito de Apelaciones federales, y si deben ser válidas las decisiones tomadas por los miembros del ente fiscal sobre la reestructuración de la deuda pública de la isla.

Como es su costumbre, el juez Clarence Thomas no hizo preguntas.

“¿Si las funciones de la Junta son principalmente locales, usted perdió el caso?”, le preguntó el juez Brett Kavanaugh, a los representantes de la firma de inversiones Aurelius/Assured Guaranty, y de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrico y Riego (Utier).

En la práctica, no logró respuestas directas del abogado de Aurelius/Assured Guranty, Theodore Olson, y de la UTIER, Jessica Méndez Colberg, que hicieron énfasis en que se trata de funcionarios federales, investidos con autoridad por el Gobierno de EE.UU. y con amplios poderes para reestructura una deuda que impactará a ciudadanos en Estados Unidos y Puerto Rico

Bajo el contexto de la pregunta del juez Kavanaugh , la jueza Elena Kagan, que escribió la opinión en el caso que invalidó la ley criolla de quiebras, cuestionó si el gobierno de Puerto Rico hubiese podido otorgarle a un organismo de supervisión fiscal los mismos poderes que el Congreso le ha conferido a la JSF.

En el caso Franklin versus Acosta Febo, el Tribunal Supremo de EE.UU. invalidó la ley criolla de quiebras, al determinar que al excluir a Puerto Rico del capítulo 9 de la ley federal de quiebras, le quitó al gobierno de la Isla la posibilidad de decidir ese asunto.

A nivel intermedio el Primer Circuito de Apelaciones federales contestó la pregunta de Kavannaugh, diciendo que que los miembros del ente fiscal que controla las decisiones financieras del gobierno electo de la isla son funcionarios federales principales, no territoriales, y que por ello fueron nombrados de forma inconstitucional, por no cumplir con la cláusula de nombramientos de la Constitución estadounidense.

Esta es la primera audiencia de máximo foro judicial estadounidense sobre un caso que toca directamente un tema puertorriqueño desde que se litigó la demanda conocida como Pueblo vs. Sánchez Valle, que determinó que la soberanía del gobierno de Puerto Rico proviene del Congreso estadounidense. Esta determinación reafirmó el poder del Congreso para legislar la Ley Promesa e impidió que una persona sea juzgada por el mismo delito tanto a nivel estatal y federal.

En esta ocasión, el Tribunal Supremo de Estados Unidos evalúa varias impugnaciones legales, consolidadas bajo un mismo caso, que cuestionan la constitucionalidad del proceso que se eligió para nombrar a los integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal y la validez de las decisiones del organismo a la luz de la posible ejecución ilegítima de sus cargos.

La jueza federal que atiende los casos bajo la Ley Promesa, Laura Taylor Swain, al evaluar la controversia, estimó los nombramientos como legítimos, amparándose en los poderes casi irrestrictos del Congreso sobre los territorios como Puerto Rico. El Primer Circuito de Apelaciones del Tribunal Federal, en cambio, entendió que al designar a los miembros de la JSF no se cumplió con la cláusula de nombramientos de la Constitución estadounidense.

De ordinario, se supone que los nombramientos los haga el presidente de Estados Unidos y sean avalados por el Senado federal. Bajo la Ley Promesa, sin embargo, se estableció un proceso alterno, amparado en los poderes plenarios del Congreso, en el que el presidente eligió a seis de los miembros de la Junta de una lista provista por las delegaciones de mayoría y minoría en el Congreso y seleccionaba a un miembro a su entera discreción.

La determinación que tome el máximo foro judicial de EE.UU. no solo tiene implicaciones legales para el proceso de reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico sino que podría tener impacto en asuntos como la relación política entre Puerto Rico y EE.UU. y la extensión de los poderes del Congreso sobre los territorios.

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