El plan de reestructuración que presentó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ante la jueza Laura Taylor Swain, no recorta la deuda pública de Puerto Rico lo suficiente para asegurar una recuperación económica, mantiene el endeudamiento a niveles altísimos en comparación con otras jurisdicciones, y apenas permite espacio para maniobras fiscales pese a que la isla sufre amenazas económicas, climáticas y demográficas.
Esta es la advertencia que, en conjunto, lanzaron hoy los economistas estadounidenses Desmond Lachman, Brad W. Setser y Antonio Weiss en una columna de opinión publicada por la empresa de medios Bloomberg.
Los economistas, que durante la administración del presidente Barack Obama desempeñaron importantes roles en el Departamento del Tesoro y el Fondo Monetario Internacional, advirtieron que, aun con los recortes en la deuda pública que se proponen en el plan de ajuste, la deuda per cápita de los boricuas rondará los $7,000. Esta cifra es mucho más alta que el endeudamiento per cápita promedio para los estados con más acreencias ($5,000). Del mismo modo, es mucho más alto que el endeudamiento del estado más pobre, Mississippi.
“La reestructuración no llega lo suficientemente lejos para aliviar a la isla del peso de su deuda pública… No debe haber mucho espacio para la complacencia por parte de los gobiernos de Puerto Rico y EE.UU. Incluso antes del huracán María, había serias preguntas sobre la capacidad de la isla para salir del patrón de deterioro económico”, sostiene el escrito publicado por los economistas.
El trío recordó que existen dudas sobre si la economía boricua puede regresar por si misma al crecimiento económico. Desde la caída de la manufactura en la década de los años 2000, la economía de la isla se ha mantenido estancada o en decrecimiento. A todo esto, se le suma los efectos que la reforma contributiva federal tendrá sobre la manufactura en la isla y la determinación del Tesoro estadounidense de dejar de honrar el crédito que se proveía a las empresas que pagaban el arbitrio boricua sobre las ventas de las fábricas foráneas conocido comúnmente como la Ley 154. Los economistas también recordaron el efecto económico del decrecimiento de la población puertorriqueña y el carácter temporero del alivio que proveen los fondos de reconstrucción tras el huracán María. El grueso de estos fondos dejaría de apoyar la economía boricua para el 2023.
“La reducción de la deuda propuesta debe verse solo como el primer paso en un programa más amplio que aún se necesita para restaurar la economía y las finanzas públicas de Puerto Rico. Este esfuerzo debería implicar desde una ayuda de reconstrucción más rápida, hasta un mayor acceso a fondos federales para la atención médica. Más políticamente difícil, pero no menos necesario, será resolver el status colonial de la isla”, afirmaron los economistas.
Junto a sus críticas, los expertos reconocen que el plan de reestructuración acerca a Puerto Rico a un manejo sostenible de la economía y de la deuda pública. Resaltan, por ejemplo, que con el plan de ajuste los pagos del gobierno a sus acreedores se estabilizarían en unos $1,500 anuales. Del mismo, provee mejores protecciones a los pensionados del servicio público al eximir de recortes en beneficios a aquellos con mensualidades menores a los $1,200 y al imponer un tope en los recortes de 8.5%.
