La represión en Cuba sigue siendo «feroz, atroz y descontrolada», revela un informe
Seis décadas después de la instalación de la dictadura castrista, la represión contra opositores en Cuba “sigue siendo feroz, atroz, y descontrolada por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado», según indica un informe del grupo de análisis, estudio y acción Cuban Prisoners Defenders (CPD) basado en las cárceles cubanas.
De acuerdo con dicho informe, al 1 de junio de 2019 hay al menos 134 presos opositores entre los que se denomina «convictos de conciencia, es decir casos de privación de libertad y trabajo correccional (81); condenados de conciencia: cubanos en prisión provisional (22); y presos políticos (31)”.
La represión “sigue siendo feroz, atroz, y descontrolada por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, aunque se viene detectando una estrategia adicional de expatriación forzosa mediante amenazas y golpizas”, destaca el informe de la CPD. Su presidente, Javier Larrondo, explicó que las fuerzas castristas detienen a los activistas bajo la amenaza de diez años de cárcel o prisión de por vida.
«Después se les ofrece una expatriación a países como Guyana. A veces hasta se les propone 2.000 dólares para empezar su nueva vida lejos de la isla». Los motivos de este mecanismo «es no engrosarle al régimen las listas de presos políticos. Así, de cara a la UE y otras instituciones, parece que ha cambiado».
Larrondo asegura que la situación de los detenidos políticos no cambió pese a la imagen democrática que la dictadura procuró demostrar en las últimas décadas: «Simplemente han diseñado estrategias para conseguir dar la imagen de cambio». Explica que «a las autoridades cubanas les ‘gusta’ tener unos 90 presos políticos, para que no salten más aún las alarmas, que en Cuba no pasa nada. Desde 2019, han tomado medidas más sutiles como la expatriación forzosa».
El presidente de CPD divide a los presos políticos -cuyo número que se calcula en 20.000- en dos categorías: “Por un lado están aquellos que pertenecen o están en la oposición pública al régimen como las Damas de Blanco o Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), que suelen engrosar las listas de las mayores condenas y la represión es más virulenta, pero hay otro en el que se hallan miles de cubanos que simplemente son críticos con la revolución”.
«El primer grupo es bien conocido», dice el informe,divulgado esta semana. «De hecho, hasta 2019, era el único que tenía visibilidad internacional, y es en el que la represión es más virulenta y salvaje. Sin embargo, es el segundo grupo el que es mucho más importante en número y sobre el que se ejerce una mayor capacidad represora temprana», advirtió la organización en su último reporte. El régimen los denomina «antisociales» y de «peligrosidad social predelictiva».
Algunos pueden recibir penas de hasta cuatro años de privación de libertad, y otros con largas temporadas de trabajos forzados. «Estas condenas representan la gran arma represiva y disuasoria para la población crítica al Gobierno», dice el CPD. «Esta arma legislada pero ilegítima, absolutamente arbitraria y que reconoce en su propio texto y formulación condenas de años de prisión sin haber sido cometido delito alguno ni en grado de tentativa, es la condena más frecuente entre la población», concluye el informe.
«No hemos comprobado cambios en la represión ni los abusos relacionados con éstos en el mes de mayo. Más bien al contrario, sigue siendo feroz, atroz y descontrolada por parte de las fuerzas de la Seguridad del Estado, aunque se viene detectando una estrategia adicional de expatriación forzosa mediante amenazas y golpizas», agrega el texto, que describe los castigos como «amenazas de prisión o expatriación a diversos países, como Guyana, en condiciones paupérrimas»
«Resulta evidente que la presión por bajar el número de presos políticos de la isla, que estamos ejerciendo múltiples sectores de la sociedad civil en la Isla y fuera de ella, han hecho que el régimen, más que nunca, instaure una política de expatriación forzosa para los críticos más activos y que serían objeto de necesaria prisión de conciencia para detener su actividad», denuncian.
D.S.