Jay Alix cabildea para evitar conflictos de la Junta
Washington – El empresario Jay Alix -quien ha denunciado conflictos de intereses de la empresa McKinsey-, cabildea a favor del proyecto que busca establecer normas de transparencia sobre los contratistas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que controla las finanzas públicas de Puerto Rico.
“No hay razón para que haya un conjunto de leyes de transparencia para Estados Unidos y una versión aguada para Puerto Rico”, indicó Daniel Lemisch, consejero legal de Lakeview Capital Holdings, una compañía de Jay Alix.
La legislación – original de la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) y con apoyo bipartidista en ambas cámaras legislativas-, busca llenar un hueco en la ley Promesa para, como en el Çódigo federal de Quiebras, obligar a las empresas y profesionales contratados por la JSF a divulgar ante la Oficina del Síndico de Bancarrota del Departamento de Justicia de Estados Unidos sus conexiones con deudores, acreedores y empleados de la Junta, antes de poder ser compensados.
En el caso de McKinsey, principal estratega de la JSF –que ha cobrado ya unos $72 millones del ente fiscal-, un reportaje del diario The New York Times reveló en septiembre de 2018 que susubsidiaria MIO Partners ha tenido cerca de $20 millones en inversiones directas e indirectas en instrumentos de la deuda pública de Puerto Rico. “Están asesorando sobre cuánto debe pagarse de una deuda que poseen”, insistió Lemisch.
McKinsey, sin embargo, ha señalado que las operaciones de MIO son independientes a las que ejercen como asesores de la JSF en Puerto Rico.
También han hecho referencia a un informe de la empresa Luskin Stern, contratada por la junta, que determinó que McKinsey divulgó las inversiones de MIO a la JSF y que no intercambiaba información con su subsidiaria. El informe mantuvo, sin embargo, que esas inversiones pueden ser problemática y percibirse como un conflicto de interés.
Experto en reestructuración de empresas y procesos de bancarrota,Jay Alix fundó la empresa Alix Partners. Aunque Jay Alix salió de la dirección de la empresa en el 2000, regresó a su junta en el 2012 y, según Reuters, controla el 35% de sus acciones. Ahora, tiene otras empresas.
Alix Partners asesoró a la AEE, cuando buscaba un proceso voluntario de reestructuración de la deuda de la empresa pública, durante el pasado gobierno.
En el Congreso y los tribunales, Alix ha estado en campaña para lo que describe como una defensa de la integridad de los procesos de bancarrota. McKinsey sostiene que los esfuerzos de Alix, incluido el cabildeo en el Congreso, son ataques de parte de un competidor.
En torno al proyecto de ley, McKinsey “piensa que se trata de una compañía contra otra, pero no lo es”, sostuvo Lemisch, quien descartó que Alix quiera regresar al negocio de asesoría del proceso de reestructuración de la deuda pública de la Isla.
En Congreso, los cabilderos de Jay Alix han reportado ingresos y gastos por $1.27 millones desde el verano de 2018.
En sus informes de cabildeo, las empresas Lakeview Capital Holdings, Cogent y Cornerstone aluden principalmente a trabajos en favor de Jay Alix con el propósito de proteger “la integridad del sistema de bancarrota”.
Desde finales de 2018, Cogent menciona directamente el proyecto de ley de la congresista Velázquez, en su cabildeo a nombre de JayAlix.
“Creemos firmemente en mantener la integridad del sistema de bancarrota de este país, que es crucial. Sino la gente perderá la confianza en la equidad y la apertura del sistema. Tiene que ser igual para todas las partes, sea en Puerto Rico o en Estados Unidos. No queremos que la industria tenga un ojo morado, que es exactamente lo que McKinsey le da a la profesión de consultoría”, dijo Lemisch, quien fue jefe de la fiscalía federal del este de Michigan y participó esta semana de una cumbre sobre la Isla en Orlando (Florida).
Mckinsey también ha cabildeado sobre la legislación de Velázquez, a pesar de que la JSF la ha respaldado. En los primeros tres meses de 2019, dos empresas de cabildeo contratadas por McKinseydestinaron $710,000 a presionar en el Congreso sobre asuntos relacionados a la JSF.
Hace unos días, un portavoz de McKinsey señaló que han “sugerido formas de mejorar la legislación (de Velázquez) para evaluar efectivamente las conexiones de los asesores con las partes interesadas y si esas conexiones presentan algún conflicto”.
Lichman indicó que es otro “conflicto de interés” y hasta una señal de deslealtad que McKinsey cabildeé en el Congreso con sus puntos de vista sobre una legislación que la JSF respalda. La JSF ha reconocido que desconocía del cabildeo de McKinsey.
De aprobarse el proyecto de Velázquez, McKinsey, como otros contratistas de la JSF y participantes del proceso de reestructuración de la deuda pública, tendrían que presentar al tribunal que preside la jueza Laura Taylor Swain sus potenciales conflictos de intereses. Los documentos serían parte del récord público.
Cualquier impugnación de las facturas de cobro de McKinsey las tendrá que decidir la jueza Taylor Swain, quien encabeza el tribunal territorial creado por la ley Promesa para manejar la reestructuración de la deuda pública de la Isla.